La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid ha expresado su preocupación por la situación que enfrentan los ayuntamientos de la región. Según la dirigente, la política migratoria del Gobierno, implementada a través de un real decreto, está generando una presión insostenible sobre los servicios sociales, la escolarización, la seguridad y la atención administrativa en los consistorios.
La crítica principal se centra en la aprobación de la medida sin una planificación adecuada ni un diálogo previo con las administraciones locales. Municipios como Madrid, Pinto, Valdemoro, Alcorcón y Alcalá de Henares ya están experimentando un impacto directo, asumiendo una carga creciente sin haber sido informados ni haber participado en el diseño de la política.
“"Sin información previa ni coordinación institucional, los consistorios están afrontando esta situación."
Además, se denuncia la ausencia de interlocución por parte del Ejecutivo central. Ni la Delegación del Gobierno, ni la Secretaría de Estado competente, ni el Ministerio de Migraciones han contactado con los ayuntamientos para coordinar la respuesta a una decisión que afecta directamente la gestión local. El decreto tampoco incluye una dotación económica extraordinaria, lo que obliga a las entidades locales a asumir el coste práctico de una política estatal sin recursos adicionales.
La presidenta advierte que la situación podría empeorar en las próximas semanas, con un aumento de la demanda de servicios municipales que no encuentra una respuesta adecuada en la planificación estatal. Por ello, ha exigido la retirada del real decreto y ha solicitado una reunión urgente con la Delegación del Gobierno para abordar el impacto de la regularización en los municipios madrileños, insistiendo en que sin coordinación, financiación y recursos, los ayuntamientos no pueden asumir esta carga.
