Desde la sede municipal de Carabanchel, durante una Junta de Gobierno, Almeida expresó su descontento con la medida, argumentando que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado a los ayuntamientos "a ciegas" sin ofrecer explicaciones ni directrices claras sobre cómo proceder. El regidor madrileño afirmó que el Ayuntamiento no asumirá la responsabilidad de un proceso sobre el que no ha sido consultado.
“"Nadie se ha reunido con nosotros para explicarnos qué es lo que tenemos que hacer. Pretenden que salga de nosotros, pero no nos vamos a responsabilizar de este proceso."
Acompañado por la vicealcaldesa Inmaculada Sanz y el concejal-presidente de Carabanchel, Carlos Izquierdo, Almeida vinculó la regularización con la posible legalización de personas con antecedentes, a pesar de que uno de los requisitos para acogerse a la norma es la presentación de un certificado de delitos penales. Insistió en que el Ayuntamiento de Madrid no cooperará en lo que considera una "chapuza que falta el respeto a la dignidad de las personas", haciendo hincapié en la preocupación por los antecedentes policiales.
“"Han colado una trampa con los antecedentes [...] No es xenofobia decir que con este decreto se va a regularizar a personas con algunos gravísimos."
En respuesta a estas declaraciones, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y exministra, Reyes Maroto, acusó a Almeida de difundir un "bulo peligroso" y de seguir una estrategia de partido para "difundir que la regularización traerá delincuencia" y "alimentar el odio" hacia personas que contribuyen a la ciudad. No obstante, Almeida reiteró que la dignidad de estas personas es "innegociable" para su equipo y que el Ayuntamiento seguirá ofreciendo todos los servicios públicos a los migrantes, aunque insistió en que es el Gobierno central quien debe dotar de medios a los municipios para gestionar los flujos migratorios.
Los requisitos para la regularización, según el texto aprobado por el Consejo de Ministros, incluyen no tener antecedentes penales, haber llegado al país antes del 1 de enero de 2026 y probar una permanencia continuada de al menos cinco meses. También pueden acogerse los demandantes de asilo que hayan registrado su solicitud antes de esa fecha. El real decreto contempla vías de regularización por motivos laborales (oferta de contrato o proyecto de autoempleo), familiares (unidad familiar con hijos o dependientes) o por situación de vulnerabilidad, esta última requiriendo un informe social.
